Recientemente en la Comunidad de Madrid se ha extendido un movimiento en defensa de la Educación Infantil 0-6 años. Tanto las familias, como los profesionales implicados han tenido que tomar la voz de unos niños y niñas que son demasiado pequeños para hacerlo por ellos mismos. La apisonadora de la descarada privatización dirigida por Esperanza Aguirre y su Consejera Lucía Figar aplasta la más imprescindible oferta y calidad de la Educación Infantil, mientras que desde el Gobierno del PSOE, la formulación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su omisión intencional de regulación estatal, da un cheque en blanco a todas las Comunidades que quieran hacer lo que la de Madrid, enfoque opuesto a lo que el mismo PSOE concretó en la LOGSE de 1990.
El nacimiento de los Sistemas Educativos Nacionales ha estado vinculado al del estado liberal: generalizar la instrucción del pueblo pero decidiendo el nuevo Estado qué, cómo, cuándo aprender, sustituyendo o complementando, según las latitudes, a la Iglesia como institución docente hegemónica, desde la E. Media.
La diferencia entre la posición anarcosindicalista y la de las llamadas ideologías “progresistas” estriba precisamente en confiar en un Sistema Educativo Nacional como su vehículo para la transformación social o no hacerlo.
Para los anarcosindicalistas la idea de que una regulación nacional pueda transformar la realidad de la desigualdad social no pasa de ser una falacia, un espejismo. No obstante la educación sí puede actuar sinérgicamente con la transformación social, incluso revolucionaria, pero para ello ha de que sustraerse todo lo posible de la influencia del tándem Iglesia-Estado.
Las admiradas experiencias pedagógicas y educativas libertarias, al margen del Sistema Educativo no están al alcance de la mayoría de los anarcosindicalistas o de la clase trabajadora, en general, es por eso que la mayoría de los que tienen criaturas tienen que utilizar un servicio público inscrito en un Sistema Educativo Nacional. Igual ocurre con los enseñantes.
Pero esto no es lo peor, ni muchísimo menos de lo que puede suceder: la privatización del servicio educativo es la peor opción: tener que llevar a nuestras criaturas a un centro privado, casi siempre religioso, o tener que trabajar en él, porque no tengamos otra opción. De ahí que defendamos lo público como mejor opción, no entendiendo lo público como estatal.
En contraste con imponentes manifiestos pedagógicos libertarios, las familias trabajadoras y educadores y educadoras nos levantamos cada mañana con problemas de índole práctico sobre las que tomar posición y luchar, porque por ahí es por donde se filtra y se pierde todo aquello a lo que aspiramos.
Así, pues, con este panorama llegamos a la conclusión de que es preciso analizar y debatir la situación actual de las enseñanzas y del sistema educativo bajo una perspectiva diferente, anarcosindicalista, en este caso tenemos en primer plano la educación infantil de 0 a 6 años en Madrid y en muchos más territorios del Estado.
La Educación Infantil es la etapa educativa con mayor porcentaje de privatización. La creciente privatización en el conjunto de las enseñanzas es como una fábrica que va a producir tres productos diferentes: Un primer grupo privado destinado a formar a las elites con el apoyo económico empresarial y lazos con Europa, una segunda trama de centros concertados destinados a adiestrar los mandos intermedios que son creados con el objeto de obtener un beneficio económico o confesional y, por último, una limitada red de centros públicos encaminada a cobijar a los hijos de las capas más desfavorecidas de la sociedad (económica o intelectualmente hablando) convertidos en guetos para abastecer de mano de obra barata y poco especializada.
Además de tener una utilidad en el control social, la privatización es muy lucrativa. En el caso de la Educación Infantil, además hay que tener en cuenta que las familias que consiguen obtener una plaza en 3-6 años en un centro de educación infantil y primaria público (CEIP), tienden a seguir escolarizando en el siguiente tramo, primaria, a sus hijos e hijas en un CEIP. Dicho de otro modo, si se consigue que las criaturas de esta edad vayan a un centro privado, el centro privado que tiene primaria, ya tiene asegurados los clientes.
En los años setenta el problema era la escasez de plazas escolares y la gratuidad de la enseñanza obligatoria, en los ochenta el aspecto más relevante fue la existencia de corrientes de renovación pedagógica que situaron el periodo 0-6 años como una etapa educativa, que la pedagogía libertaria había anticipado 120 años antes.
En los años noventa esas corrientes pedagógicas influyeron en que la LOGSE (Ley Educativa promovida por el Gobierno del PSOE), que sustituía a la Ley General de Educación de 1970, fuera la primera ley española que considerara educativa la acción dirigida a los niños y niñas desde los 0 años, aunque no fuera obligatoria.
Esto es muy importante, pues anteriormente, en el periodo 0-3, se hacía un trabajo meramente asistencial (“guardería”): comer, lavar, cambiar,….., dichas guarderías dependían de autoridades laborales, asistenciales o sanitarias.
Este reconocimiento tiene unas consecuencias, en cuanto a la práctica: hay que programar, tiene que haber centros denominados escuelas infantiles, tienen que regularse sus requisitos mínimos para impartirla, igual que en otras enseñanzas. Estos requisitos mínimos para poder impartirla hacen referencia a los espacios, equipamientos, ratio y titulación del personal.
Todo ello se reguló mediante Reales Decretos, en cuanto a Requisitos Mínimos se estuvo aplicando el RD 1004/1991 y la ORDEN de 16 de noviembre de 1994 en el territorio MEC que, en líneas generales, establecía:
Para Escuelas Infantiles:
Para 0-3 años (primer ciclo de educación infantil)
a. Ubicación en locales de uso exclusivamente y con acceso independiente desde el exterior.
b. Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar y que
tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados.
Las salas destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.
c. Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente.
d. Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de comedor.
e. Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción, de uso exclusivo del centro, con una superficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a 75 metros cuadrados.
f. Un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros.
g. Un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.
Para 3-6 años (segundo ciclo de educación infantil)
a. Un aula por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar, y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados.
b. Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una super
ficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a 150 metros cuadrados.
En el caso de que el centro cuente con un número de unidades superior a seis, la superficie del patio de juegos se incrementará en 50 metros cuadrados por unidad.
c. Un aseo por aula, que contará con un lavabo y un inodoro.
Los centros dispondrán de:
· Un despacho de dirección.
· Una secretaría.
· Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados.
Tendrán, como máximo, el siguiente número de alumnos por unidad escolar:
a. Unidades para niños menores de un año: 1/8.
b. Unidades para niños de uno a dos años: 1/13.
c. Unidades para niños de dos a tres años: 1/20.
d. Unidades para niños de tres a seis años: 1/25.
Las administraciones educativas competentes determinarán el número máximo de alumnos para las unidades que integren a niños con necesidades educativas especiales.
La educación infantil será impartida por maestros con la especialidad correspondiente. En el primer ciclo, los centros dispondrán, asimismo, de otros profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a los niños de esta edad (Técnicos Superiores en Educación Infantil, Formación de 2000 horas que incluye un semestre de prácticas en Escuela Infantil y que requiere haber superado el Bachillerato para acceder a esta formación).
1. Los centros de educación infantil en los que se imparta, exclusivamente, el primer ciclo deberán contar con personal cualificado en número igual al de unidades en funcionamiento, mas uno.
Por cada seis unidades o fracción deberá haber, al menos, un maestro especialista en educación infantil o profesor de educación general básica especialista en preescolar.
2. El personal cualificado a que se refiere el apartado anterior estará formado por maestros especialistas en educación infantil o profesores de educación general básica especialistas en preescolar, y por técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
3. Los niños serán atendidos en todo momento por el personal cualificado a que se refiere este artículo.
Los centros de educación infantil autorizados para integrar a niños con necesidades educativas especiales contarán, en su caso, con los recursos humanos y materiales de apoyo que determine la administración educativa competente.
Para Colegios de Infantil y primaria que tienen 3-6 años:
Los centros de educación infantil y primaria deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
a) Ubicación en locales de uso exclusivo y con acceso independiente desde el exterior.
b) Un aula por cada unidad con una superficie de, al menos, metro y medio cuadrado por alumno.
c) Una sala o espacio de usos múltiples de 30 metros cuadrados por cada tres unidades o fracción superior.
d) Un espacio abierto de recreo de tamaño adecuado al número de puestos autorizados.
e) En los centros de educación primaria, un espacio cubierto y cerrado para Educación Física y Psicomotricidad, que tendrá una superficie de 2 metros cuadrados por puesto escolar e incluirá espacios para vestuarios, duchas y almacén.
Este espacio tendrá en todo caso una superficie mínima de 60 metros cuadrados, sin que, en ningún caso, deba ser superior a 150 metros cuadrados.
f) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro.
g) Un despacho de Dirección y Secretaria, que podrá ser utilizado como sala de profesores, de tamaño adecuado a la capacidad autorizada del centro.
Así estaban más o menos las cosas cuando subió al Gobierno Aznar y puso a Esperanza Aguirre al frente del Ministerio de Educación. En menos de un mes se crearon las ayudas para escolarizar en educación infantil privada, por primera vez en toda la historia de este país, para frenar la sangría de alumnos que la privada estaba sufriendo al haber una creciente oferta pública en ese tramo.
Como las únicas formas que tenían de competir con la calidad de los centros públicos eran cuatro, las adoptaron todas, tanto en lo estatal, como en lo madrileño:
-Desaparición de unidades públicas. (Para que no hubiera oferta pública)
-Anulación de los requisitos mínimos para impartir educación infantil (Para que la patronal “cutre” pudiera abrir centros en locales de “todo a 100”, con personal sin cualificar y con unas ratios elevadísimas), a los que llamaron “Centros Infantiles”, en lugar de “Escuelas Infantiles”, para eludir cualquier requisito o control. Igual ocurrió a veces con el nombre “ludoteca infantil” (Fijaos en los rótulos de los centros privados y públicos de vuestro barrio: No dicen lo mismo)
-La concertación de este nivel mediante diversos procedimientos (nunca antes había existido). Sólo era gratuita en centros públicos, al no ser un tramo obligatorio.
-Impulsar unas cualificaciones profesionales (no títulos) también de “Todo a 100” para trabajar con las criaturas, lavando la cara de la falta de profesionalidad y para pagar así menos a las trabajadoras/es, precarizando totalmente el sector.
Ese fue el caldo de cultivo de una plataforma de defensa de la E. Infantil 0-6 años, por parte de entidades “progresistas” que hacía oposición al PP del gobierno estatal y del autonómico.
La educación infantil madrileña y, en general en todo el país, estaba herida de muerte. La práctica que se estaba teniendo se alejaba cada vez más de nuestro ideal, a la vez que la presión demográfica de la inmigración llevaba a las familias a aceptar cualquier cosa por necesidad, para poder ir a trabajar, algo elemental.
En 2004, como sabemos cambia el gobierno de la nación, anula la LOCE del PP (que había eliminado 0-3 como etapa educativa, situación franquista) y redacta su LOE, pero desoye en toda la elaboración las propuestas de esa Plataforma que le era tan afín cuando estaba en la oposición y termina formulando una E. Infantil que es devuelta en su tramo 0-3 como etapa educativa, pero omite todo aquello que la pudiera sustraer de la degradación o la privatización de las comunidades depredadoras y objetoras como es la de la Comunidad de Madrid.
Así las cosas desde el Estado se envía a las Comunidades Autónomas dinero para extenderla gratuidad de la E. Infantil, sin ningún requisito, como por ejemplo que la inversión tenga que ir a C. Públicos, ni cosa parecida, o que la titulación tenga que ser esta o la otra. ¡Menudo regalo!
Y pasó lo que tenía que pasar…..
El RD 1630/2006 del PSOE cede la regulación de ratios, profesionales, y demás requisitos mínimos a las otras Administraciones Educativas, a la vez que les envía financiación: El tramo 0-3, se queda “en pañales” (nunca mejor dicho).
Y la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre y Lucía Figar a la cabeza, desarrolla, amparándose en la legislación estatal del PSOE que le favorece, dos decretos de requisitos mínimos, mejor dicho, de no-requisitos mínimos, con las consecuencias que ya sabemos sobre la calidad, la situación de las criaturas, sus familias y sus educadores/as.
El texto de lo que se pide es muy sencillo:
· En un plazo muy corto de tiempo, se va a destruir el tejido educativo y social de las actuales escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Ello supone la privatización de todas las que ya están en funcionamiento, comenzando por las de titularidad pública y gestión indirecta y acabando por las escuelas infantiles propias de la Comunidad (gestión directa).
· La privatización de las escuelas infantiles no acaba aquí, ya que las de nueva creación (algunas construidas desde hace meses y a la espera de ponerse en funcionamiento, sólo con una orden de la Consejería), funcionarán según este modelo privado de educación.
· La absoluta indignidad que suponen los borradores de los dos decretos que la Comunidad de Madrid, por obligación de la LOE, tiene que desarrollar con respecto a los requisitos mínimos de los centros (ratios, titulación y espacios) y el currículo de la etapa 0-6 años.
· La indefensión a la que sitúan a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya que los recursos a los Equipos de Atención Temprana y a los Equipos Psicopedagógicos, se reducen, hasta hacer inviable una atención individualizada, adecuada y de calidad. Son los que más fuertemente sufrirán los recortes presupuestarios y pedagógicos de la Consejería de Educación.
· El desprecio a la Primera Infancia y a sus familias, considerando un tema menor y de responsabilidad parental, la educación infantil. La Comunidad de Madrid ignora las ciencias psicopedagógicas, ignora el derecho de los niños, como ciudadanos, a una educación que desarrolle su personalidad. De esta forma, la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación se convierten en los vigías de una política ultraliberal que defiende principios de dudosa validez ética, moral y política.
· La ambigüedad de la Ley Orgánica de Educación, que ha permitido que el desarrollo legislativo del primer ciclo de la Educación Infantil, esté en manos de las Administraciones educativas autonómicas. El artículo 14.7. , el 15.4. y el 92.1. abren paso a una cascada de acciones políticas, que permiten que en la práctica y en algunos territorios , la educación infantil de 0 a 3 años, tenga la consideración de “guarda y custodia”
POR TODOS ESTOS MOTIVOS, RECLAMAMOS que:
· El gobierno de la nación, en pleno uso de sus competencias, publique los reales decretos que amparen el derecho a la educación de los menores de tres años, tal y como sucede con los niños y niñas de 3 a 6 años.
· A la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Educación, que retiren inmediatamente, los Decretos.
· Se paralice la privatización de los servicios educativos de los menores de tres años.
· Se hable de educación infantil, no de “guarderías”, y se deje de aludir a la conciliación familiar y laboral, como excusa para una política segregadora, exclusiva y falsa en sus planteamientos y principios.
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LOS PADRES Y MADRES, LOS CIUDADANOS PREOCUPADOS POR LOS MÁS PEQUEÑOS, LLAMAN A UN
A MOVILIZACIÓN GENERAL, CIUDADANA Y PARTICIPATIVA, PARA IMPEDIR ESTE DESASTRE, QUE TRAERA GRAVES CONSECUENCIAS PERSONALES Y SOCIALES PARA LAS EDADES MÁS VULNERABLES E IMPORTANTES, DEL DESARROLLO HUMANO.
En definitiva lo vimos ya: Una vez más el principal articulado de la LOE contradice y vacía de contenido importantes conceptos pedagógicos, haciendo imposible que éstos puedan ser aplicados, como se vio en la LOGSE. Una vez más lo más peligroso no es lo que dice, sino lo que no dice, por ejemplo todo lo que queda a expensas de desarrollo posterior, generalmente en las CCAA.
Es el caso de la financiación de los centros privados, si en el articulado de la ley estatal se concreta lo suficiente como para que las CCAA reciban su presupuesto del Estado, por ejemplo para financiar la gratuidad del segundo ciclo de E.Infantil, no concreta lo necesario para impedir que ese presupuesto sea dirigido en muchas comunidades autónomas directamente a la enseñanza privada, generalmente religiosa. Nada hay de inocente y casual en esta ley.
Ya en su día en estas páginas analizamos la LOE negativa, básicament
e, en cuanto a tres aspectos: privatización, religión y retroceso de la democratización en los centros.
NUESTRAS PROPUESTAS GENERALES
·Mayor porcentaje de gasto público destinado a la educación pública
·Gratuidad de la enseñanza en centros públicos en todas las etapas y con ayudas compensatorias para rentas más bajas para potenciar la igualdad de oportunidades.
·Reducción de la ratio.
· Mayor autonomía y autogestión para los centros, siempre dentro de un marco general decidido por toda la sociedad de manera verdaderamente democrática.
· Democratización y gestión colectiva de los centros: participación directa y efectiva de los diferentes sectores.
· Eliminación de la religión (todas las religiones) del horario lectivo. El proceso de aprendizaje debe fundamentarse en el conocimiento racional y científico, alejado de todo dogma.
· Derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, de una manera directa, mediante representantes elegidos en asambleas en los centros, comarcas, provincia, etc.
· Cuerpo único de enseñantes aunque con diferentes especializaciones.
· Implicación de todos los intervinientes en la elevación del nivel y calidad de la educación integral de la que tiene que ser beneficiaria la clase trabajadora.
· Exigir unos centros públicos no estatales como un derecho.
Y por último -de momento-
· Hacer una labor de concienciación de los profesores y educadores jóvenes que a veces están tan dormidos ante lo que se nos viene encima.
· Apoyar movilizaciones en defensa de estas reivindicaciones pero poniendo cuidado de no ser instrumentalizados por intereses partidistas o politiqueros.
Salud
